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La energía renovable ya es ley

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El Gobierno nacional reglamentó la ley que obliga a que el 8% del consumo de energía sea “verde” y que las empresas esperaban para invertir en el sector.

 

El gobierno nacional asignó recursos por $ 12.000 millones al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), al reglamentar el primero de abril finalmente la Ley 27.191 votada el año pasado y que apunta a una mayor diversificación de la matriz de generación eléctrica y a expandir la potencia instalada a corto plazo. La Ley apunta a que un 8% de la energía que se consuma en 2017 provenga de esas fuentes alternativas y multa a las grandes empresas e industrias que no cumplan con esa cuota, como forma de incentivarlas a gestionar la compra de su propia energía.

 

 

El decreto 531 del Poder Ejecutivo, que se publicó el 1/4 en el Boletín Oficial, señala que la expansión de las energías renovables es una cuestión “de máxima prioridad” para el gobierno nacional, y una “política de Estado de largo plazo” con aptitud para asegurar los beneficios de energías limpias, señala el decreto.

 

 

La ley 27.191 creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder) y estableció la contribución de los usuarios de energía eléctrica al cumplimiento de los objetivos del régimen de fomento.

 

 

Los recursos del Foder serán aportados por el Tesoro nacional, en función de las metas anuales fijadas para la participación de las energías renovables, y serán de al menos el 50% del ahorro efectivo en combustibles fósiles..

 

 

A ello se añadirán los montos que surjan de un cargo específico de garantía que será aplicado a los usuarios de energía eléctrica, con excepción de aquellos grandes usuarios con contratos directos con generadores, distribuidores o que realicen proyectos de autogeneración o cogeneración.

 

El cargo tendrá un valor mínimo que permita recaudar y tener en disponibilidad una suma suficiente para garantizar por un plazo mínimo de 12 meses las obligaciones de pago mensuales que surjan de los contratos celebrados por Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima).

 

El gobierno privilegiará la inversión de los fondos disponibles en el Foder en función del perfil de riesgo de los proyectos, y considerando el criterio de asignación prioritaria en relación con el parámetro del mayor porcentaje de integración del componente nacional.

 

Las empresas beneficiarias del régimen podrán obtener la devolución anticipada del IVA, correspondiente a los bienes nuevos incluidos en el proyecto, y en forma simultánea, gozarán de la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias.

 

Asimismo, no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta los bienes afectados al proyecto promovido e ingresados al patrimonio de la empresa.

 

La reglamentación exime además a las empresas del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades, en la medida que sean reinvertidos en un nuevo proyecto de infraestructura en el país.

 

Adicionalmente, las empresas que tengan proyectos de energías renovables y compren un 30% de los equipos en el país recibirán un bono fiscal por el 20% del gasto que servirá para abonar impuestos nacionales y será transferible. Los beneficios impositivos -a los que se agregan excepciones a los aranceles de importación- serán decrecientes, es decir que los proyectos que se presenten antes tendrán más ventajas.

 

Otra de las novedades que aportó la reglamentación es que flexibilizará la exigencia de que el 8% del total de la energía consumida sea verde para fines de 2017. La medición de ese requisito se realizará el 31 de diciembre de 2018 y será “un promedio anual”. Así, la industria podrá empezar a consumir energía renovable a mediados de 2018 y así y todo cumplir con la meta sin ser sancionara. Además, habrá una tolerancia del 10%.

 

Ahora, las empresas interesadas en invertir empezarán a cerrar acuerdos privados -hay firmas como Saesa, que están juntando demanda de industrias para ofrecerla en paquete a los emprendedores-, mientras que el Gobierno realizará subastas de energía verde para comprar la cuota que le corresponde a las distribuidoras, grandes clientes que no quieran comprar por su cuenta y clientes residenciales.

Según había dejado trascender en su momento el Ministerio de Energía, la primera subasta se haría en abril.

 

 

 

Fuente: iEco Clarín